Deepfakes, algoritmos predictivos, reconocimiento facial y prueba digital generada por IA ante los tribunales penales españoles.
El Derecho Penal afronta un doble desafío ante la IA: por un lado, la IA como instrumento del delito —deepfakes, fraudes con voz sintética, ataques automatizados—; por otro, la IA como herramienta de la justicia penal —algoritmos predictivos de reincidencia, sistemas de reconocimiento facial en investigación policial, prueba digital generada por IA—. Ambas vertientes plantean cuestiones fundamentales sobre tipicidad, culpabilidad y garantías procesales que el Código Penal de 1995, reformado en múltiples ocasiones, no está equipado para responder con la precisión que exige el principio de legalidad.
La tensión entre eficacia investigadora y derechos fundamentales se agudiza cuando el Estado incorpora herramientas de IA en la persecución del delito. El AI Act prohíbe con carácter general los sistemas de identificación biométrica remota en espacios públicos con fines policiales, salvo excepciones taxativamente enumeradas, pero la transposición efectiva de estas prohibiciones al ordenamiento procesal penal español está aún pendiente. Mientras tanto, los juzgados de instrucción reciben como prueba pericial informes sobre sistemas de IA cuyo funcionamiento interno resulta opaco incluso para sus propios desarrolladores, poniendo en tensión el derecho de defensa y el principio de contradicción.
Examen sistemático de los tipos penales vigentes —delitos contra la intimidad, el honor y la libertad sexual— frente a la creación y difusión de contenidos sintéticos con IA, con identificación de las lagunas de punibilidad que requieren reforma legislativa urgente.
Análisis de las condiciones en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden emplear sistemas de identificación biométrica remota, las excepciones del AI Act y la ausencia de habilitación legal específica en la LECrim española.
Reflexión desde la práctica judicial sobre los obstáculos que presenta la opacidad de los modelos de IA para el ejercicio efectivo del derecho de defensa, con propuestas de estándares mínimos de explicabilidad exigibles en sede penal.
Jurisprudencia, legislación y análisis crítico sobre IA en la investigación, el enjuiciamiento y la ejecución penal.
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